‘Lo que necesitas saber sobre la Prisión Permanente Revisable en España’; por Javi Carrero

Javier Carrero es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Consejero de Podemos y miembro de Ganemos Pinto.

La prisión permanente revisable española es un despropósito, tanto para el mundo del Derecho, como para la Democracia en sí misma. Las últimas semanas el tema de la prisión permanente revisable vuelve a estar en boca de todos y creo que es de recibo dedicar un momento a su reflexión. No pretendo aquí abarcar por completo todo lo relativo a la prisión permanente revisable. Si bien merecería el más vasto de los análisis jurídicos, mi objetivo es arrojar luz sobre los argumentos que ponen de manifiesto el profundo carácter pernicioso de esta figura.

En este texto recojo aportaciones magistrales de expertos en criminología y derecho penal, aportando un enfoque crítico, con el que busco concienciar al lector. Y pretendo hacerlo de una manera breve y didáctica de manera que, cuando acabes de leerlo, pienses que te ha sido lo suficientemente útil para no odiarme – demasiado – por soltarte el rollo. Aunque bueno, supongo que, si lo lees, es porque quieres. La última sección del artículo es especialmente relevante; todo miembro de la sociedad debe conocer la función del derecho penal y, para ello, hay que ser consciente de lo que en esa última parte escribo.

  • La patética reforma y el papel de los medios de comunicación.

La introducción de la prisión permanente revisable se da en el contexto de la reforma del Código Penal que se llevó a cabo en el 2015. Esta reforma legislativa sigue el camino de la política criminal de las últimas dos décadas. Un camino marcado por el sensacionalismo, el oportunismo y la preocupante falta de reflexión doctrinal y práctica. Esto no lo digo sólo yo, es un clamor entre los juristas, y prueba de ello es el manifiesto de los catedráticos de Derecho Penal en contra de la nueva versión de nuestro Código Penal. Los expertos no dudan en aclarar que las reformas son reflejo ideológico de “las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias”.

Más allá de la falta de consideración por los principios fundamentales que inspiran nuestro sistema democrático, los catedráticos firmantes del manifiesto, ponen también de relieve la “enorme pobreza técnica” de la reforma. Tanto es así, que Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal, ha revelado, en una entrevista, que les fue casi imposible descubrir quiénes habían redactado el anteproyecto de Ley, el Ministerio de Justicia lo ocultaba; y cuando consiguieron descubrir los autores, éstos lo negaban, se avergonzaban de pasar como redactores de una reforma que aterroriza a los expertos.

Resulta sencillo encontrar la causa de la baja calidad de la reforma legislativa de 2015 del Código Penal: La irresponsabilidad del Gobierno del Partido Popular. Este enfoque de política criminal no tiene como meta alcanzar un sistema más seguro y justo, el único objetivo es, simple y llanamente, el de pescar votos. Se endurecen penas y se busca la regulación de otras nuevas, por ejemplo, en lo relativo al terrorismo; cuando, en realidad, el terrorismo ya se castiga en España y somos de los más eficaces persiguiéndolo.

Susana Griso

Como dice Ripollés, “la política criminal se ha convertido en un instrumento de agitación y propaganda”. Una de las razones por las que esto es así es porque vende, porque los medios de comunicación tienen incentivos para dedicar horas y horas al sensacionalismo. Mientras los españoles vivimos las penurias de la precariedad y la desigualdad, cada mañana tenemos en Espejo Público, una maratón de muertes y cotilleos, donde el interés público y la información veraz son lo último que vamos a encontrar. Cuando el sensacionalismo criminal llena las portadas y los titulares en todos los tipos de medios, la población lo compra y, en consecuencia, el Gobierno tiene una oportunidad de ofrecer algo que se traduzca en votos. Es posible que se trate de una relación endógena, pero existe.

“Las percepciones se ven corrompidas por el efecto de los marcos impuestos por los medios de comunicación”

La manipulación de los medios de comunicación y su papel como determinantes de la agenda pública es fácilmente demostrable. El tratamiento que los medios dan a este tipo de sucesos provoca en el espectador una percepción de los casos concretos que poco tiene que ver con su percepción general de la seguridad; y mucho menos con la realidad criminal de nuestro país. Según los estudios, los españoles, en general, no tiene miedo y no siente la necesidad de tomar precauciones en su vida cotidiana. No obstante, cuando son preguntados por el funcionamiento de la policía, aseguran que ésta no funciona. Cuando se pregunta por un caso estrella en televisión, se piensa que la pena tiene que ser mayor que la que realmente procede de acuerdo con la Ley penal; pero si se pregunta por un caso en abstracto, por ejemplo, de un robo, los ciudadanos “imponen menos pena que la que prevé el código y que la que imponen los jueces”, según los datos aportados por Ripollés.

En definitiva, las percepciones se ven corrompidas por el efecto de los marcos impuestos por los medios de comunicación y esto es algo que aprovechan los Gobiernos irresponsables para sacar rédito de productos legales inútiles, de baja calidad e, incluso, contraproducentes. El problema está en la falta de rigor a la hora de comunicar; dado que su propósito no es el de actuar como canal de información, sino el de obtener más espectadores para poder conseguir más dinero en publicidad, se centran en mostrar una visión irracional del dolor de las víctimas que llega a ser obscena. Algo así como una telenovela.

  • Llamémoslo por su nombre: Cadena perpetua. Y de las más duras.

Otro de los aspectos reseñables de la “prisión permanente revisable” es el nombre en sí mismo. Como bien indicó el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, Jacobo Dopico, “’prisión permanente revisable’ es una orwelliana pieza de Newspeak que creó el Gobierno actual para no decir ‘cadena perpetua’”.

Dopico proponía un curioso ejercicio: estudiar el uso de la expresión “prisión permanente revisable” a lo largo del tiempo, a través de las búsquedas del término que se hacen en Google.

Basta con echar un simple vistazo al gráfico para descubrir que la expresión “prisión permanente revisable” no se utilizaba en ninguna parte del mundo hasta 2014-2015, coincidiendo con su entrada en escena mediante la reforma de 2015. El caso de Diana Quer, el deseo de su ampliación por parte del PP y la intención de Podemos de derogarla, han supuesto que el empleo del término llegue este mes a su nivel más alto en sus pocos años de existencia; pero la verdad es que su uso real es mínimo. Como podemos observar, la expresión que se utiliza en el mundo de habla hispana es “cadena perpetua”.

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Definitivamente, lo de “prisión permanente revisable” es un invento del Gobierno del PP, que únicamente se utiliza en España, para ocultar su verdadera naturaleza. Y, por si fuera poco, M. Rajoy y el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, no dudan en tachar de demagogos a aquéllos que recuerdan al público que esto se trata de una cadena perpetua; y, junto al PP, también lo hacen sus panfletos de confianza. Antes de entrar en los argumentos jurídico-técnicos y de ética jurídica, quería señalar la delicada, pero potente, relevancia del lenguaje. A través del lenguaje se pueden fijar los marcos interpretativos; bien lo saben el Partido Popular y los demás actores de la más rancia derecha. La realidad es que la invención del término “prisión permanente revisable” es demagogia en sí misma, en tanto en cuanto se emplea para apelar a un concepto ya existente: cadena perpetua.

“Lo de ‘prisión permanente revisable’ es un invento del Gobierno del PP”

Por supuesto, hablar de cadena perpetua es duro, es algo que probablemente no sería aceptado por la sociedad. Entonces, si la sociedad, con las percepciones alteradas, pide penas más graves, cuando nuestro Código Penal es ya sobradamente gravoso, sólo se puede ofrecer la cadena perpetua; no obstante, había que cambiar el nombre, de lo contrario la gente podría darse cuenta de que nos encamina a un sistema más injusto y menos garantista, más cercano al pasado autoritario con el que comulgan en mayor medida sus autores. Qué cosas.

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Ahora vamos a ver por qué se trata en realidad de una cadena perpetua y que, para mayor escarnio, es de las más duras que existen, al menos, en Occidente. El concepto de cadena perpetua en los países occidentales que la recogen en sus ordenamientos jurídicos prevé, en la mayor parte de los casos, una revisión de esta, de lo contrario atentaría contra los Derechos Humanos. Solo en algunos en algunos estados de EEUU existe la posibilidad de entrar a la cárcel para morir allí, sin posibilidad de revisión; lo cual no es un buen ejemplo, sabiendo que se permite incluso la pena de muerte.

¿Por qué nuestro Código Penal es sobradamente gravoso y nuestra cadena perpetua es de las más duras? En aquellos países en los que también existe la cadena perpetua, las penas más graves después de ésta llegan, como máximo, a los 15 o 20 años de prisión. Por nuestra parte, en España, tenemos penas de hasta 40 años de prisión sin cadena perpetua. Por otro lado, mientras que en los otros países la condena de cadena perpetua se comienza a revisar a los 12 o 20 años generalmente, en España la revisión se prevé pasados 25 o 35 años. Es evidente: cuando el vicesecretario general del PP, Javier Arenas dice que “no es una cadena perpetua, es revisable” puede ser por dos motivos: que sea un ignorante o un mentiroso. Quizá las dos.

  • Nuestra cadena perpetua: inconstitucional, ineficaz y perjudicial.

En primer lugar, la cadena perpetua es inconstitucional por muchos motivos. En esta materia, recomiendo leer un escrito, que incluye textos de grupo de juristas de reconocido prestigio publicaron, en el que analizan todos los puntos de inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable, yo me centraré en algunos de esos puntos. El artículo 25 de la Constitución española dice así: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Por su parte, el artículo 15 prohíbe las penas inhumanas. Los principios de reinserción social y de humanidad son fundamentales en cualquier sistema penal democrático que se precie.

Aunque nuestra cadena perpetua prevea la revisión de la pena para determinados casos, admite la no revisión en otros casos. Por lo tanto, habrá personas que pasarán para siempre su vida en prisión, contrariando los principios de reinserción y humanidad. Además, para los casos en los que pudiera darse la revisión de la pena, la reinserción social sería imposible; esto se debe a que, si una persona entra con 25 años en prisión, su cadena perpetua no comenzaría a revisarse hasta que tuviera entre 50 o 60 años. Todo esto significa que no solo es inconstitucional, sino que va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige la existencia de expectativas ciertas de libertad y reinserción para el condenado a cadena perpetua tras la revisión de su pena. Por ese motivo, en otros países la revisión comienza pasados 12 años.

Para hablar de justicia, debemos reflexionar sobre los objetivos de un sistema penal. Como decía antes, en una democracia con vocación de cumplir los derechos humanos, el objetivo último es el de poner solución a los problemas sociales de los que deriva la penalidad, siendo la prisión el mayor de los males que nos podemos permitir. Es por ello por lo que su uso debe ser restrictivo. Sólo puede justificarse el uso de la privación de la libertad porque “produzca un bien mayor que el mal que causa” dice el Catedrático Vives Antón, “pues causar daño al delincuente, sin obtener de ese daño una utilidad manifiesta, no satisface ni la justicia ni el deseo de hacerla: o responde a un deseo de venganza o a un sentido equivocado de lo que la justicia exige. Si el mal causado al delincuente no hace más que sumarse al que el delito produjo, no tiene justificación posible”.

“Para hablar de justicia, debemos reflexionar sobre los objetivos de un sistema penal”

Si una democracia sana debe observar el principio de humanidad, ser demócrata supone la capacidad de recordar que el criminal es un ser humano. Que la irracionalidad y la cólera determinen nuestro sistema penal situaría la venganza como su objetivo superior, cuando lo deseable es el buen funcionamiento de la democracia y la solución de los problemas que se encuentran en la raíz de la sociedad. No entendemos justicia como venganza, y si así es, no somos demócratas. Antiterroristas somos todos, demócratas no, eso es más complicado.

En segundo lugar, la cadena perpetua es ineficaz, tanto social, como económicamente, llegando a ser perjudicial. Los expertos forenses son contrarios a la cadena perpetua como método para solucionar problemas sociales puesto que “no conlleva ningún tratamiento terapéutico. Si significara que la persona recibiera terapia específica fuera de la cárcel, la aceptaría. Pero como está planteada es sólo una prórroga de la condena. No sirve”, explica Rocío Gómez Hermoso, vicedecana del Colegio de Psicólogos de Madrid. El catedrático, director del Instituto Vasco de Criminología y presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Penal, José Luis de la Cuesta asegura que los 15 años son un límite máximo “a partir de los cuales la privación de libertad ‘resulta nefasta’”; debe respetarse ese límite para que se dé de “manera efectiva la posibilidad de reconducción”.

La prisión no soluciona los problemas que se encuentran en la raíz de la comisión de los delitos: desigualdad, precariedad, educación, etc. Es por ello por lo que, en ocasiones, nuestro Código Penal, además de ineficaz, no es imparcial. Castiga con más gravedad los delitos “de pobres”, víctimas de un sistema desigual que los mismos artífices del sistema penal han construido. Este es otro debate, pero siento la necesidad de mencionarlo. ¿Persigue con igual dureza el Gobierno de Mariano Rajoy a los ricos que a los pobres? ¿Son castigados los políticos o los empresarios corruptos como es debido? ¿Contesto yo o no hace falta?

Como decía, además de en el plano social, también es ineficaz económicamente. No es el argumento más importante, los Derechos Humanos lo son más, pero oye, también está ahí. El endurecimiento de las penas de prisión y la previsión de la cadena perpetua no se traducen en una mayor seguridad. España, antes del endurecimiento de las penas, era uno de los países con menor tasa de criminalidad; con el tiempo, la tasa de personas encarceladas – ahora de más de 130 presos por cada 1.000 habitantes –, ha ido creciendo, pero eso no ha supuesto un descenso correlativo de la tasa de criminalidad. No existe un nexo causal entre un mayor número de presos y una menor tasa de criminalidad. En definitiva, lo que se hace es mandar gente a la cárcel por motivos desproporcionados, violando los Derechos Humanos y nuestra Constitución, para gastar recursos. Como dice Nazgol Ghandnoosh: “encarcelar a alguien de por vida es una contribución enorme de recursos al coste de no invertir en programas que pueden prevenir un delito”.

 

Puedes seguir a Javi Carrero aquí.

Puedes comprobar los gráficos aquí.

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